“Conocer la ley es el primer paso, pero proteger al medio ambiente es una decisión que se toma todos los días”. Usamos las leyes con el objetivo de regular la conducta humana para garantizar el orden social, la convivencia y el respeto a los derechos de todos, y sin duda alguna el derecho principal es el derecho a la vida. Sin embargo, lamentablemente, la vida no crece en un ambiente contaminado; por lo tanto, nuestras leyes, como las de cualquier sociedad humana, deben tener una prioridad ambiental integrada en cada una de ellas.
En la República Dominicana, como en muchos países, contamos con un marco legal estructurado que establece cómo deben gestionarse los recursos naturales y la manera en la que debemos prevenir los daños causados por nuestras acciones. La Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales constituye, sin duda alguna, la base del sistema ambiental del país.
La ley se fundamenta en varios pilares claves: la prevención, la responsabilidad ambiental, la participación comunitaria, y pudiéramos agregar a ellos la sostenibilidad, ya como un ámbito independiente pero integrado en cada uno de los demás pilares, con el objetivo de garantizar la conservación, protección y usos sostenible de los recursos naturales, asegurándonos como población un equilibrio ecológico y calidad de vida eficiente, y lo hace regulando:
El control de la contaminación del aire, agua y suelo
El manejo adecuado de los residuos
La conservación de la biodiversidad
La protección de ecosistemas y aguas naturales
La evaluación de impacto ambiental de cada proyecto
Dejando claro que el desarrollo económico debe darse de manera responsable y sin comprometer el medio ambiente ni los recursos que no solo sostienen a la vida, sino también a la economía misma.
Entender que tenemos un sistema diseñado para proteger lo que nos permite vivir es vital para la supervivencia de nuestras sociedades. Las leyes son tan efectivas como aquellos que tienen el deber de aplicarlas, y nosotros como comunidad tenemos la responsabilidad de hacer que se cumplan cada una de ellas. Desde mi punto de vista, el pilar de participación comunitaria debería ser nombrado como una obligación más que una participación. ¿Quién más tiene el deber de proteger un hábitat que la comunidad que convive dentro?
Es prioridad que todos entendamos que nuestras voces, con respecto a la protección de la vida, tienen un valor; un valor que está incrustado en la ley misma. Por lo tanto, es responsabilidad de cada uno de nosotros hablar por aquello que no tiene voz. La importancia de la educación en el proceso es vital para tener éxito. Es de suma urgencia que cada persona conozca este tipo de leyes, porque el desconocimiento de ellas es justamente la principal herramienta de aquellos que quieren incumplirlas. Este blog no es más que una invitación a eso: a educarnos, a conocer nuestros derechos y responsabilidades para que podamos combatir el uso incorrecto de nuestros recursos.
